Varios congresistas demócratas de Illinois piden al gobierno federal que deje de compartir de inmediato los datos de los beneficiarios de Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta supuesta transferencia de datos personales incluía el estatus migratorio de millones de personas en tres estados demócratas y Washington, D.C.
Este mes, la Associated Press informó que asesores del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la entrega de los datos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una solicitud dirigida específicamente a California, Illinois, el estado de Washington y la capital del país, todas áreas donde las personas sin estatus legal pueden inscribirse en los programas de Medicaid, financiados con fondos estatales.
La información podría utilizarse para ayudar al gobierno federal a encontrar a quienes no tienen estatus legal o para bloquear potencialmente sus esfuerzos por obtener la residencia permanente o la ciudadanía.
En Illinois, el programa de Beneficios de Salud para Inmigrantes Adultos, destinado a personas de 42 a 64 años de edad, expirará el lunes. Otro programa para adultos mayores sin estatus legal sigue vigente.
“Escribimos para pedirle a los CMS [Centros de Servicios de Medicare y Medicaid] a que detenga inmediatamente cualquier intercambio de datos con el DHS y a que ordene al DHS que destruya cualquier información de salud individual identificable transmitida por los CMS al DHS”, escribieron en una carta a Kennedy legisladores demócratas, entre ellos los representantes Raja Krishnamoorthi, Robin Kelly, Jesús “Chuy” García, Danny Davis, Delia Ramírez y Jan Schakowsky.
“Nos preocupa especialmente que estas últimas acciones tengan un efecto disuasorio y pongan en peligro el acceso a los servicios para quienes dependen de Medicaid y otros programas públicos para la atención vital, incluyendo a los 5.5 millones de niños ciudadanos estadounidenses en familias con estatus migratorio mixto”.
Los 31 legisladores demócratas que figuran en la carta pidieron a Kennedy que proporcionara los datos solicitados y su propósito, así como la autoridad legal que CMS citó para la divulgación de información personal identificable. Solicitan una respuesta antes del 21 de julio.
García declaró al Chicago Sun-Times que cree que la administración de Trump está recopilando la mayor cantidad posible de datos de diversas fuentes para identificar los lugares de trabajo y domicilios de quienes no tienen estatus migratorio legal. García lo calificó como parte de una estrategia de intimidación que está “sembrando el terror y alarmando a la comunidad”.
“El resultado de esto solo puede ser malo. O personas sometidas a procesos de deportación, personas que simplemente desaparecen de la vista, relegadas a la sombra. Y, por supuesto, el empeoramiento de la salud en las comunidades inmigrantes y entre las familias de estatus migratorio mixto”, destacó García. “Porque la mayoría de las personas tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, pero no quieren poner en peligro a otros y, sin duda, ahora viven con gran temor”.
García afirmó que desea que pare el intercambio de datos y que se destruya cualquier dato compartido.
“Se proporcionó información para determinar la elegibilidad, con ningún otro propósito, y no debería violarse como potencialmente ocurrió”, destacó García.
En la carta, los legisladores citan una auditoría de los CMS anunciada el mes pasado que aumentaría la “supervisión federal” de las agencias estatales de Medicaid para garantizar que los fondos federales no se utilizarán para brindar cobertura médica a personas sin estatus legal.
Sin embargo, los demócratas afirman que los CMS utilizaron la auditoría de manera “inapropiada y potencialmente ilegal” para obtener datos personales y compartirlos con el Departamento de Seguridad Nacional.
El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Andrew Nixon, declaró a Associated Press este mes que el intercambio de datos era legal, pero se negó a explicar por qué se compartieron ni cómo se utilizarán.
El Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares de Illinois (IDHS) expresó su profunda preocupación por los informes sobre el intercambio de datos. El departamento indicó que los estados están obligados a compartir información rutinariamente con los CMS para recibir el reembolso de los costos de Medicaid, pero se entiende que los datos están protegidos por la Ley de Privacidad de 1974 y otras regulaciones federales que protegen los derechos de salud y los datos personales de los estadounidenses.
El departamento indicó que los CMS solicitaron más información a Illinois para justificar sus declaraciones trimestrales en abril, pero los Servicios Familiares no proporcionaron nombres, números de Seguro Social ni direcciones. El departamento tampoco recibió ninguna notificación de que se compartiera información de clientes de Medicaid de Illinois fuera de los CMS, más allá de los informes de prensa.
La oficina del Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, está monitoreando de cerca este asunto y evaluando nuestras opciones, según el portavoz Jamey Dunn-Thomason.