Después de meses de tensión, el alcalde Brandon Johnson le dijo al director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés), Pedro Martínez, la semana pasada que quiere que el atormentado jefe de escuelas deje su puesto, dijeron cuatro fuentes al Chicago Sun-Times y WBEZ.
Martínez no renunció de inmediato y, en cambio, planea esperar noticias de la Junta de Educación, dijeron dos fuentes.
Martínez parecía estar indeciso. El viernes por la noche, CPS emitió un comunicado que no mencionó la solicitud de renuncia. Dijo que Martínez estaba enfocado en “aprovechar lo positivo del impulso del nuevo año escolar e implementar el plan estratégico de cinco años del distrito”, que fue aprobado el miércoles.
“Nos sentimos honrados y emocionados de continuar trabajando junto con nuestros líderes escolares, educadores y padres”, dijo el comunicado, que también señaló que los estudiantes se han beneficiado de la estabilidad. Martínez había estado a cargo durante tres años. “Continuaremos liderando con integridad y transparencia al servicio de nuestros estudiantes”.
La junta de siete miembros, que fue nombrada por Johnson, tiene la autoridad exclusiva para despedir al director ejecutivo de CPS, pero se ha puesto del lado de Martínez este año en un par de disputas clave.
Un alto funcionario del alcalde dijo, bajo condición de anonimato, que Martínez ahora “ha perdido la junta”.
El presidente de la Junta de Educación de Chicago, Jianan Shi, no respondió a las llamadas el viernes.
La alcaldía y Martínez han tenido enfrentamientos por cuestiones financieras. Johnson quiere que el distrito escolar obtenga un préstamo a corto plazo para pagar los costos relacionados con un nuevo contrato del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés), que todavía se está negociando, y para pagar una parte de la contribución municipal al fondo de pensiones municipal. El Ayuntamiento había hecho históricamente ese pago hasta que la ex alcaldesa Lori Lightfoot trasladó el costo a CPS porque más de la mitad de los miembros del fondo son empleados del distrito escolar.
Martínez se ha negado a solicitar un préstamo, diciendo que era fiscalmente irresponsable, y la junta, al menos inicialmente, se había puesto del lado del director ejecutivo. Martínez no incluyó el pago de la pensión en el presupuesto de CPS, una reprimenda impactante al alcalde.
Pero el asistente principal dijo que la mayoría de los miembros de la junta ahora están de acuerdo con el alcalde en que el distrito escolar debería solicitar el préstamo.
A largo plazo, el alcalde y sus aliados en el CTU dicen que el estado debe hacerse responsable de conseguir más fondos para CPS.
La oficina del alcalde también está consternada por el hecho de que la administración de Martínez realizó un análisis a principios de este año de las escuelas que podrían ser cerradas, dijo el principal asistente del alcalde. Martínez ha negado tener planes o discusiones serias para cerrar escuelas y sabe que el alcalde está firmemente en contra de los cierres.
Si bien una reestructuración en la cima del cuarto distrito escolar público más grande del país no sería una sorpresa —el Chicago Sun-Times y WBEZ informaron el mes pasado que la administración de Johnson estaba sentando las bases para destituir a Martínez—, seguramente tendría efectos dominó.
Martínez pasó esta semana presentando un nuevo plan estratégico de cinco años para el sistema escolar y recibió un voto unánime de aprobación de la junta el miércoles, antes de la conversación con Johnson.
El despido de un director ejecutivo de CPS en medio de las negociaciones de CTU no tendría precedentes desde que la alcaldía de Chicago recibió el control del sistema escolar en 1995.
En diciembre de 2022, la Junta de Educación modificó el contrato de Martínez para exigir un aviso de despido sin causa con seis meses de antelación. Durante ese tiempo, Martínez seguiría trabajando y transferiría sus funciones a un nuevo director ejecutivo. En ese escenario, su contrato prevé una indemnización por despido de 20 semanas, lo que ascendería a $138,733. El contrato de cinco años de Martínez se extiende hasta el 30 de junio de 2026.
Si Martínez permaneciera en el trabajo otros seis meses, probablemente se desatarían las tensiones con el CTU, que podría declararse en huelga por las negociaciones del contrato en enero, o antes si el sindicato encuentra una razón para acusar a CPS de una práctica laboral injusta.
Si la junta escolar solicitara despedir a Martínez por una causa justificada, tendría que citar mala conducta o actividad delictiva, incumplimiento de sus funciones, fraude u otra irregularidad. La enmienda de 2022 de su contrato dice “cualquier otra conducta incompatible con los deberes y obligaciones del director ejecutivo para con CPS o la Junta, o que pueda percibirse razonablemente como que tiene un impacto material adverso en el buen nombre y la integridad de CPS o la Junta”.
Esa decisión debe tomarse “a criterio exclusivo de la Junta”, según el contrato de Martínez.
Si Martínez fuera despedido por una causa justificada, su contrato no le impide presentar una demanda por despido injustificado. Hace una década, Martínez demandó a una junta escolar en Nevada que intentó despedirlo. Llegaron a un acuerdo por $700,000, según el Reno Gazette Journal, y los miembros de la junta recibieron multas de los funcionarios estatales en la acalorada disputa pública.
El concejal Gilbert Villegas (36°), miembro del equipo de liderazgo del Concejo Municipal de Johnson, acusó al alcalde de alinearse demasiado con los deseos del CTU.
“El alcalde Johnson debe entender que él es el director ejecutivo de la ciudad”, dijo Villegas.
Villegas, ex presidente del Caucus Hispano del Concejo Municipal, también criticó la posible salida de otro líder latino después de que la directora de adquisiciones, Aileen Velásquez, fuera obligada a renunciar y se le pagara un paquete de indemnización no revelado para compensarla por la terminación precipitada de su mandato de cuatro años.
El concejal Carlos Ramírez-Rosa (35°), ex líder del pleno del Concejo Municipal de Johnson, dijo que el rechazo de Martínez al pago de la pensión y el préstamo por parte del alcalde es “irresponsable” y justifica su despido.
“Se negó a presentar un presupuesto que cubra los costos de las pensiones de su sistema”, dijo Ramírez-Rosa. “Eso es un problema. Si se negó a hacerlo, es hora de que se vaya”.
Ramírez-Rosa dijo que la lista de posibles reemplazos para Martínez debería comenzar con la jefa de personal del alcalde, Cristina Pacione-Zayas, ex senadora estatal con una amplia experiencia en políticas educativas.
“Tiene credenciales tremendas” que son “demasiadas para enumerarlas”, destacó Ramírez-Rosa.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago