Illinois se opone a la exigencia de la administración de Trump de que la Junta Estatal de Educación y los distritos escolares certifiquen que rechazan los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
En una carta al Departamento de Educación de Estados Unidos publicada el miércoles por la noche, el superintendente estatal Tony Sanders afirmó que Illinois ya garantiza el cumplimiento de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en los programas que reciben fondos federales. Sanders afirmó que la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) no está preparada para hacer nada más en este momento.
La carta responde a un aviso enviado la semana pasada por el Departamento de Educación a los estados y escuelas, otorgándoles 10 días para certificar que están siguiendo la interpretación de la administración de Trump de las leyes federales de derechos civiles al eliminar las prácticas de DEI. El aviso amenaza con congelar los fondos federales del Título 1 si los estados y distritos escolares no cumplen con el edicto. Los fondos del Título 1 brindan apoyo adicional a los estudiantes de bajos ingresos.
Otros estados, como Nueva York y Pensilvania, han respondido como lo hizo Illinois.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, amenazó la semana pasada con demandar si la administración de Trump cumple con sus amenazas de retener fondos federales. En un comunicado, su oficina afirmó que Johnson se refería “en términos generales a la importancia de combatir la extralimitación federal”.
Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) esperaban cerca de $400 millones en fondos del Título 1 este año escolar.
El aviso federal enviado a los departamentos de educación estatales representó otra escalada contra las políticas de DEI, aparentemente brindando a la administración republicana una nueva herramienta para potencialmente eliminar los fondos federales.
En respuesta a Illinois, Sanders escribió que le preocupan varios aspectos de la directiva del Departamento de Educación. Por ejemplo, el aviso establece que los estados y las escuelas deben certificar que no tienen “ciertas prácticas de DEI” ni “DEI ilegal”, pero no define la DEI y “no existen leyes federales ni estatales que prohíban la diversidad, la equidad o la inclusión”.
La carta de Sanders señala que un juez, en un caso reciente, determinó que la definición de la administración Trump de lo que constituye un programa de DEI ilegal es “todo menos obvia”. Además, el anterior secretario de educación de Trump parecía respaldar los programas de DEI como “piedras angulares de un alto rendimiento organizacional”, según la carta.
La Junta de Educación del Estado de Illinois también solicitó al gobierno federal que le instruya sobre su autoridad legal para obligar a los distritos escolares a firmar dicha certificación.
Anteriormente, en un memorando del 14 de febrero, el gobierno federal declaró que cualquier política escolar o universitaria que trate a los estudiantes o al personal de forma diferente por motivos de raza es ilegal y dio a las escuelas dos semanas para eliminar programas o arriesgar la financiación.
El objetivo era combatir lo que el memorando describía como una discriminación generalizada en la educación, a menudo contra estudiantes blancos y asiáticoestadounidenses. A esto le siguió una sección de preguntas frecuentes del Departamento de Educación que moderó sus posiciones.
Illinois descubrió recientemente que no podrá gastar $77 millones en fondos federales de ayuda por la COVID-19, ya que el gobierno federal está recortando la aprobación de fondos no utilizados. Ese dinero se iba a utilizar para gastos como transporte para niños sin hogar y tutorías.
Sarah Karp cubre temas de educación para WBEZ. Síguela en @WBEZeducation y en @sskedreporter
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago