Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, afirma que todos los migrantes que la administración de Trump envió a una prisión de mala fama en El Salvador el mes pasado son “en realidad terroristas, violadores de derechos humanos, pandilleros y más”, incluso si “no tienen antecedentes penales en Estados Unidos”.
Añadió que “contamos con una rigurosa evaluación policial que cumple con el debido proceso”. La idea de McLaughlin sobre el debido proceso es notablemente diferente del derecho que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la semana pasada, al dictaminar que los presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua “tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de ser escuchados” antes de ser deportados.
Según funcionarios federales, los métodos del gobierno son infalibles, por lo que no hay necesidad de audiencias, una postura claramente incompatible con el debido proceso tal como se entiende habitualmente.
El presidente Donald Trump intentó evitar la revisión judicial de estos casos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, ley de 127 años de antigüedad y poco utilizada. En una proclamación del 15 de marzo, Trump afirmó, de manera inverosímil, que el Tren de Aragua califica como una “nación o gobierno extranjero” y que sus actividades criminales dentro de Estados Unidos constituyen una “invasión o incursión depredadora”.
La decisión de la Corte Suprema no abordó estas dudosas proposiciones. Pero incluso suponiendo que Trump esté interpretando correctamente la ley, los nueve jueces estuvieron de acuerdo en que sus objetivos tienen un derecho bien establecido, amparado por la Quinta Enmienda, a impugnar su designación como “enemigos extranjeros”.
A pesar de las garantías de McLaughlin, la necesidad de esa oportunidad es evidente. En la demanda que culminó con la orden de la Corte Suprema, cinco venezolanos amenazados con la deportación insistieron en que no eran miembros del Tren de Aragua, y esas afirmaciones son creíbles a la luz de los criterios que el Departamento de Seguridad Nacional ha utilizado para identificar a los “pandilleros”.
La “guía de validación de enemigos extranjeros” del departamento incluye evidencia dudosa como tatuajes, ropa, publicaciones en redes sociales y la “asociación” con pandilleros “conocidos”. El demandante principal en la demanda dijo que se le vinculó erróneamente con el Tren de Aragua debido a un “tatuaje en un ojo” que se hizo porque “creía que se veía genial”, mientras que otro detenido comentó que lo atraparon porque asistió a una fiesta en la que, sin saberlo, había miembros de la pandilla.
El mismo día que Trump emitió su proclamación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. Como señaló la jueza Sonia Sotomayor la semana pasada, los presos del CECOT “sufren graves abusos contra los derechos humanos”, incluyendo alimentación y agua inadecuadas, hacinamiento que obliga a los reclusos a “dormir de pie”, negación de comunicación con familiares y abogados, y “daños intencionales que ponen en peligro la vida a manos de agentes estatales”.
Esas “condiciones peligrosas” eran especialmente preocupantes, dijo Sotomayor, porque el gobierno sostenía que no tenía la facultad de rescatar a los prisioneros de CECOT, incluso cuando admitió que habían sido deportados ilegalmente. Tres días después, la Corte Suprema también rechazó por unanimidad esa postura.
Aunque “al menos 32 de los hombres enviados a El Salvador han enfrentado graves acusaciones o condenas penales en Estados Unidos o en el extranjero”, según reportó el New York Times, en la mayoría de los casos había “poca evidencia de antecedentes penales” o “cualquier asociación” con el Tren de Aragua. La imprecisión de las pruebas del gobierno hizo dudar incluso a Joe Rogan, quien apoyó a Trump en las elecciones del año pasado y apoya sus esfuerzos por deportar a criminales peligrosos.
“Hay que tener miedo de que personas que no son criminales sean atrapadas, deportadas y enviadas a cárceles de El Salvador”, dijo Rogan en su popular podcast hace unas semanas, calificando la situación de “loca” y “horrible”. Se refería al maquillador venezolano Andry Hernández, quien parece haber sido enviado a CECOT debido principalmente a tatuajes inocentes.
En opinión de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cualquiera que cuestione tales juicios está difamando vergonzosamente a servidores públicos dedicados y, perversamente, “intentando encubrir” a miembros de “una pandilla despiadada”. Su planteamiento, improbablemente, asume que los funcionarios del gobierno nunca cometen errores, una premisa que la Corte Suprema rechazó rotundamente.
Jacob Sullum es editor principal de la revista Reason.
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Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago