El juez principal del Condado de Cook, Tim Evans, dijo el martes que ha pedido al Comité Ejecutivo de la corte que revise las acciones de una jueza que prohibió a un asistente jurídico la entrada al juzgado durante nueve meses por un teléfono celular.
El comité considerará si la jueza Peggy Chiampas violó la ética judicial, dijo Evans en una entrevista inusual. El comité podría remitir el caso a la Junta de Investigación Judicial del estado, o tomar medidas disciplinarias por su cuenta, o decidir no hacer nada.
Los miembros del público tienen prohibido llevar dispositivos electrónicos a la corte de la calle 26 y la avenida California, pero se hacen amplias excepciones para los agentes de policía, los empleados de la corte, los miembros del jurado, los abogados privados y otras personas.
Evans dijo que Chiampas ha sido notificada para comparecer ante el comité el viernes y se le permitirá presentar argumentos ante el panel en apoyo de sus acciones. Las reuniones del comité no están abiertas al público, pero Evans prometió proporcionar una actualización sobre la decisión del panel.
El incidente ocurrió el 4 de octubre, cuando un ayudante de Chiampas le preguntó a Robert Almodóvar si tenía un teléfono celular en su poder, y éste respondió que sí.
Almodóvar, que trabajaba como asistente jurídico de la abogada de derechos civiles Jennifer Bonjean, dijo que creía que le estaba permitido tenerlo pero se ofreció a guardarlo en los casilleros públicos.
Antes de que pudiera hacerlo, Chiampas lo llamó a su sala y le exigió que le diera su teléfono, según una transcripción oficial del proceso.
Chiampas amenazó entonces repetidamente a Almodóvar con seis meses de cárcel a menos que permitiera a un ayudante registrar su teléfono, una experiencia que Almodóvar dijo que fue especialmente traumática dado su historial.
Almodóvar pasó 23 años en prisión por su condena en un caso de doble asesinato relacionado con un policía corrupto. Se le expidió un certificado de inocencia en el caso en 2018 y dijo que se hizo asistente jurídico para ayudar a otros como él.
Dijo al Sun-Times en una entrevista la semana pasada que estaba aterrorizado: “No quería que me encerraran otra vez”.
Según la transcripción, Chiampas parecía consciente de su pasado, afirmando que creía que se había recusado previamente en un “caso posterior a la condena” que le implicaba.
En un momento dado, Chiampas le advirtió: “Ejerceré mi discreción al encerrarte durante seis meses, sin crédito de día por día”, dijo, refiriéndose a una forma común en que la gente reduce su tiempo bajo custodia. “Puedo ponerlo bajo custodia ahora mismo”.
Almodóvar permitió un registro de su teléfono. Cuando los ayudantes del sheriff no encontraron nada incriminatorio, Chiampas dijo que iba a dictar una orden que le prohibía el acceso a la corte a menos que hubiera sido acusado en una causa penal o fuera llamado a comparecer o el tribunal le concediera permiso.
Chiampas revocó esa orden la semana pasada en una breve vista sin dar explicaciones. Las fuentes dijeron que un abogado le había pedido repetidamente que escuchara una moción para anular la prohibición, argumentando que era ilegal.
Evans dijo que no podía comentar directamente sobre el caso de Chiampas, afirmando que el asunto estaba pendiente ante el comité ejecutivo.
Si el caso se remite a la Junta de Investigación Judicial, ésta determinaría si debe enviarse a la Comisión de Cortes para posibles sanciones.
La junta también podría determinar si impone sus propias medidas disciplinarias, entre ellas reasignarla o suspenderla de su cargo.
En casos recientes, se ha reasignado a jueces tras ser llamados ante el comité ejecutivo, incluso por acusaciones de hacer comentarios racistas o sexistas. A principios de este verano, el comité recomendó remitir a la junta de investigación las acusaciones contra la jueza de la División Jurídica Kathy Flanagan, después de que ésta ordenara detener a un abogado que fue esposado tras discutir con ella durante una vista.
El juez principal de la corte dijo que el incidente en el que se vio implicado Chiampas no había llegado a su conocimiento hasta hacía poco, cuando la jueza de la división penal, Erica Reddick, le habló de una confusión sobre un aspecto de la prohibición de los teléfonos móviles en la corte.
Una lista de personas a las que se permite poseer un teléfono móvil en la corte incluye a los “empleados autorizados de los abogados”, pero no incluye información sobre cómo se autoriza a una persona o quién la aprueba.
Evans dijo que tomó medidas en junio para enmendar la política y reflejar que los empleados de los abogados podían ser autorizados por él mismo, Reddick o el juez que presidiera un caso en el que estuviera trabajando un abogado.
“Si un [juez] decide prohibir la entrada a alguien en el futuro, tiene que decir en qué se basa para tener derecho a hacerlo”, dijo, hablando en general sobre si los jueces tienen autoridad para prohibir la entrada a alguien a la corte pública por decreto.
Evans también dijo que planeaba enmendar aún más la prohibición de aparatos electrónicos de la corte para dejar claro que los miembros de los medios de comunicación deberían poder utilizar dispositivos electrónicos en las cortes para tomar notas y comunicarse con sus medios, “siempre y cuando no causen una interrupción”.
Normalmente, a los miembros de los medios de comunicación se les permite llevar dispositivos electrónicos y los han utilizado durante mucho tiempo en las salas de los tribunales. Eso fue hasta el año pasado, cuando se vio a un reportero de noticias de televisión tomando una foto con un teléfono celular en una sala de la corte
Al modificar entonces la orden, la corte dijo que correspondería a cada juez determinar si permitía a los reporteros utilizar dispositivos electrónicos en sus salas.
Pero desde entonces, más jueces han dicho a los reporteros que no se les permite poseer computadoras portátiles o un teléfono celular para tomar notas, incluida una jueza que recientemente prohibió a los reporteros usarlos después de que hiciera declaraciones críticas sobre la cobertura de su decisión de sellar los registros en un caso de asesinato de alto perfil.
En 2022, la Corte Suprema de Illinois reconoció que los dispositivos electrónicos eran “esenciales para la sociedad” y alentó a reducir las restricciones para introducirlos en los edificios.
El edificio de la Corte de Leighton es único en el Condado de Cook en su estricta prohibición de teléfonos móviles, y Evans dijo que “por desgracia creo que eso debe continuar”.
Citando incidentes en los que personas supuestamente intentaron tomar fotos de testigos, jurados y jueces para intimidarlos, Evans dijo que creía que una prohibición general seguía siendo necesaria.
“Es un inconveniente para el público, me doy cuenta, pero la seguridad es muy importante para la integridad de nuestro sistema judicial”, dijo Evans. “Pero espero que llegue el día en que no sea necesario”.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago