El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, y más de 20 funcionarios de otros estados demandaron el jueves a la administración de Trump por su exigencia de acceso a las bases de datos estatales que los estados usan para otorgar licencias comerciales de conducir, conocidas como CDL.
La administración de Trump ha amenazado con recortar más de $10 millones en fondos federales a la Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA) por no entregar los últimos cinco años de datos del Sistema de Información de Licencias de Conducir Comerciales.
La base de datos fue creada a finales de los años 80 para ayudar a los estados a determinar la elegibilidad de los conductores para las CDL entre distintos estados.
Las demandas sostienen que la administración está violando tanto la ley estatal como la federal al crear su propia versión de la base de datos sin garantías para el manejo de información sensible, como los números de Seguro Social. Las demandas afirman que la administración “no tiene una necesidad legítima de adueñarse de esta base de datos de registros estatales, y no consultó a los estados antes de realizar este cambio drástico”.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Según la demanda, la base de datos incluye nombres de conductores, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, números de licencia de conducir y el nombre de los estados que proporcionaron el registro, y pertenece a los estados que la crean. Si la corte falla a favor del gobierno federal, la información de más de 17 millones de conductores sería compartida con la administración de Trump.
Además, las leyes estatales de Illinois y California exigen permiso por escrito de cada estado para que la AAMVA comparta la información que ha recopilado de los estados, según la demanda.
El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, cuyo departamento se encarga de velar por el cumplimiento de la privacidad de los datos de los registros de Illinois compartidos en la base de datos, dijo que el gobierno federal estaba exigiendo una “cantidad sin precedentes de información personal sensible propiedad del estado” sin “justificación legal adecuada”.
Traducido con una herramienta de inteligencia artificial (IA) y editado por los seres humanos de La Voz Chicago